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Comunicado tras el 1O

El Movimiento Cívico d´Espanya i Catalans (MCEC) agradece la descomunal e ingrata labor realizada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, para dar cumplimiento a los mandatos judiciales, ante la pasividad interesada de los Mossos d´Esquadra, la policía autonómica del gobierno de la Generalitat que incumplió el mandato judicial de sellar los centros donde se había planeado desarrollar las votaciones, así como la promesa de desalojar a quienes habían ocupado centros públicos a las 6:00 del 1-O.

Ante la desobediencia generalizada de este cuerpo policial, Espanya i Catalans (junto con sus entidades vinculadas: Regeneración Democrática, Profesores por el Bilingüismo y Movimiento 12-O), como entidad coorganizadora de la manifestación de la tarde del pasado 30 de septiembre en Barcelona, considera indispensable que el Gobierno de España asuma sin dilación las competencias en este ámbito para asegurar que los Mossos cumplen las órdenes judiciales y están al servicio de todos los catalanes.

La magnitud de la insurrección propiciada, alentada y financiada por el gobierno de la Generalitat el día 1-O, obliga también al Gobierno a adoptar medidas adicionales a las ya existentes para impedir que un grupo de diputados, 72 exactamente, insuficientes en número incluso para reformar el Estatut de Cataluña, liquiden la Constitución y el Estatut, y proclamen la república en Cataluña, en base a los resultados del simulacro de referéndum que anunció Puigdemont. Ante la eventualidad de una inminente proclamación unilateral de independencia dentro de las próximas 48 horas, el Gobierno de España, con apoyo de todos los partidos constitucionalistas, y actuando siempre conforme a los principios de nuestro Estado de Derecho, tiene que adoptar medidas urgentes para impedir la secesión de Cataluña.

Además de exigir responsabilidades administrativas y penales al gobierno de la Generalitat y al resto de los 72 diputados que aprobaron la “ley del referéndum de autodeterminación” y la “ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república”, ambas anuladas por el Tribunal Constitucional, el Gobierno, Las Cortes y los Tribunales tienen que actuar para impedir la consumación del golpe de estado. En adición a las medidas ya en vigor relativas al control del gasto de la Generalitat, resulta indispensable ilegalizar y desmantelar el entramado asociativo formado por la ANC, Ominum Cultural y la AMI. Resulta indispensable, asimismo, recuperar competencias en el ámbito educativo, a fin de asegurar la neutralidad de la enseñanza, impedir el falseamiento de la historia de Cataluña y España y el adoctrinamiento sistemático de niños y jóvenes a los quienes se inocula dosis intolerables de ‘españofobia’. Finalmente, la vergonzosa labor propagandística desarrollada por los medios de comunicación públicos y subvencionados, promoviendo la participación en el ilegal referéndum y alentando a los ciudadanos a la insumisión, exige también adoptar medidas contundentes para asegurar su neutralidad y pluralidad.

La crítica situación actual no puede solucionarse con llamadas a la cordura, como comprobamos una vez más el 1-O. Nada puede negociarse con golpistas que, por lo demás, no tienen intención alguna de retractarse sino de consumar sus planes esta misma semana. Urge restaurar el ordenamiento constitucional, la concordia y la convivencia en la CA de Cataluña, y ello exige ahora unidad de todos los partidos constitucionalistas y firmeza ante el órdago planteado por Puigdemont (CDC-PDE-Cat) y Junqueras (ERC), desde el gobierno de la Generalitat, y Forcadell (ERC) y Gabriel (CUP) desde el Parlament.

Junta Directiva de Espanya i Catalans