Con este panorama de fondo, pocos son los ciudadanos que han registrado mejoras apreciables en su bienestar y resulta difícil encontrar un hogar donde la situación de alguno de sus miembros, ya sea el sustentador principal, el cónyuge, los hijos, etc., no haya empeorado durante la pasada década. Hay, no obstante, algunos colectivos que han salido mejor parados del trance mientras otros han cosechado pérdidas sustanciales y continúan en precario tras tres años de recuperación. El tema es muy amplio y, por limitaciones de espacio, voy a centrar mi atención en la situación actual de los pensionistas (8,6 millones), los autónomos (3,1 millones) y los asalariados (15,3 millones), y los parados (4,3 millones), con especial atención a los jóvenes.
A pesar de que las pensiones se congelaron en 2011 y los pensionistas se quejan con frecuencia de lo bajas que son sus pensiones, lo cierto es que han sido uno de los colectivos más beneficiados. Las cifras son incontestables: a pesar de que el número de pensionistas y pensiones creció en torno al 13,5% entre 2007 y 2016, la pensión media contributiva se revalorizó el 35,9% desde 2007 (673,69 €) hasta febrero de 2017 (915,53 €) y el gasto total en pensiones contributivas creció el 55,5%. A la vista de la diferencia abismal que existe entre estas tasas y las del crecimiento del PIB, produce estupor escuchar a Ramón Espinar, portavoz de Podemos en el Senado, afirmar en TVE que “los pensionistas han perdido poder de compra año tras año”. Anda algo mal informado.
Incluso reconociendo que la pensión media actual no garantiza una vida confortable a aquellos pensionistas que no disponen de otros recursos, lo que nadie puede negar es el enorme esfuerzo que ha hecho la sociedad española para aumentar las pensiones mientras otros ciudadanos veían erosionarse sus rentas al perder sus empresas o empleos. En cuanto a la sostenibilidad del sistema, conviene recordar que la factura mensual asciende a 8.500 millones, 17.000 millones cuando se abona paga extraordinaria, y que el Gobierno se ha visto obligado a echar mano del Fondo de Reserva de la Seguridad Social (SS) para hacer frente a obligaciones que exceden los recursos del sistema. Aunque el proceso de creación de empleo podría aliviar algo la situación en los próximos trimestres, el previsible aumento del número de pensionistas impide ser optimista. En pocas palabras: el sistema tendrá dificultades para abonar las pensiones si el Fondo de Reserva está exhausto cuando llegue la próxima recesión.
Quienes de veras empeoraron su posición son los trabajadores que perdieron sus empresas o puestos de trabajo. El número de ocupados, según la EPA, cayó algo más de 3,7 millones entre 2008 y 2014 y la recuperación sólo ha creado 1,5 millones en los tres últimos años. Hay 550.000 empleados menos por cuenta propia y 1,7 millones menos trabajadores asalariados. En el mejor de los casos, las prestaciones y los subsidios a los desempleados han podido paliar transitoriamente el desplome de sus rentas pero no evitarlo. Además, la recuperación no ha supuesto, para los afortunados que han encontrado trabajo, volver a sus antiguos puestos sino aceptar empleos en actividades con salarios inferiores. En el primer trimestre de 2017, sólo el sector Servicios presenta un balance positivo con 220.000 ocupados más que en el primer trimestre de 2008, mientras que Industria arroja la pérdida de casi 800.000 empleos y Construcción de cerca de 1,6 millones. No hay razones para pensar que el empleo en estos sectores volverá a los niveles de 2007-2008.
Dentro de los asalariados, los parados más jóvenes sufrieron el mayor castigo y su situación continúa siendo penosa, a pesar de la recuperación económica. Basta con comparar el número de asalariados en el cuarto trimestre de 2016 con las del cuarto trimestre de 2007 para hacernos una idea de la magnitud de la debacle que produjeron las dos recesiones en los trabajadores entre 16-19 años, -257.400; 20-24 años, -799.200; 25-29 años, -1.120.800; y 30-34 años, -973.500. En total, hay 3.140.000 asalariados menos en estos cuatro grupos de edad donde se concentra el 37% de los 4,3 millones de parados, aunque sólo representan al 27% de los activos, y presentan tasas de paro muy superiores a la media. La conclusión a que apuntan estas cifras es que los jóvenes que se incorporan ahora al mercado con edades entre 16 y 24 años tienen muchas menos oportunidades de encontrar empleo que hace una década; y que quienes se incorporaron hace una década tienen mayores dificultades para desarrollar una carrera profesional, por modesta que ésta sea.
Uno de los problemas que dificulta el desarrollo de una carrera profesional es la temporalidad que afecta con mayor intensidad a los trabajadores más jóvenes, y las reformas laborales de Zapatero y Rajoy no han resuelto. La caída del porcentaje de contratados temporales fue fruto de las recesiones, no de esas reformas, y ha vuelto a aumentar al recuperarse la economía. En lugar de subvencionar la conversión de contratos temporales en indefinidos, resultaría más efectivo y menos costoso permitir que los contratos indefinidos incluyan cláusulas que contemplen su extinción en caso de finalizar la obra o actividad estacional objeto del contrato, y la indemnización por despido dependa únicamente del tiempo trabajado.