La emergencia de movimientos populistas contrarios a la globalización, y el ascenso de dirigentes y partidos ultranacionalistas en varios Estados desarrollados pueden hacernos perder de vista los grandes logros que ha producido la libertad de movimiento de bienes, personas, servicios y capitales, y la seria amenaza que suponen para el futuro del Mercado Único Europeo (MUE) y el bienestar de los ciudadanos de la UE. Este articulo resume la ponencia que presenté en  la conferencia que con el título “Seguridad Jurídica y Estado de Derecho” organizaron el eurodiputado Enrique Calvet Chambon y el grupo Alde en el Parlamento Europeo el pasado 24 de abril.

El Acta Única Europea (AUE) desempeñó un papel importante en el proceso de integración, al fijar como objetivo de las Comunidades Europeas “contribuir juntas al progreso concreto hacia la unidad Europea”, y promover la constitución de una comunidad de Derecho que configura las competencias de cada una de las instituciones, Consejo, Comisión, Parlamento, Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y Sistema de Bancos Centrales Europeos (SBCE), y articula las relaciones entre éstas y los Estados miembros. En concreto, el art. 13 del AUE establecía que “el mercado interior comprenderá un área sin fronteras interiores dentro de la cuál se asegurará el libre movimiento de bienes, personas, servicios y capital, de acuerdo con las provisiones de este Tratado”. Su aprobación supuso, sin duda, un hito en el proceso de constitución de una UE más integrada económicamente, e incluso más solidaria socialmente, que su precedente, la CEE.

A veces resulta difícil hacernos una idea de cómo eran las relaciones económicas entre los Estados miembros de la CEE en 1986 y el impresionante cambio que han registrado en sólo tres décadas. Decisiones y transacciones que hoy pasan desapercibidas por haberse convertido en rutinarias, resultaban inconcebibles cuando España ingresó en la CEE. Aunque se está lejos todavía de haber logrado la homogeneización fiscal contemplada en el Libro Blanco sobre el Mercado Único, se han hecho notables progresos en el ámbito de la fiscalidad indirecta y la Comisión está estudiando homogeneizar el impuesto de sociedades para evitar la competición jurisdiccional y la evasión fiscal ocasionada por la globalización y la ingeniería contable. Por otra parte, la puesta en marcha de la Unión Económica y Monetaria (EMU) el 31 de diciembre de 1998 constituyó un paso irreversible en el proceso de integración monetaria y financiera, al asumir el SBCE las funciones de controlar la cantidad de dinero, actuar como prestamista en última instancia y dirigir la política cambiaria de la eurozona. La crisis financiera de 2007-2008 puso de manifiesto la conveniencia de que el SBCE asumiera también la supervisión de las entidades financieras sistémicas y que, siguiendo la estela de la Reserva Federal, comprara activos para facilitar la financiación de Estados y empresas a tipos razonables.

Las instituciones europeas son conscientes de que la seguridad jurídica constituye una pieza esencial para el desarrollo del MUE. En el comunicado EU (2014/0158) remitido al Parlamento y al Consejo para establecer un marco que reforzara el Estado de Derecho, la Comisión dejó meridianamente clara su importancia:

“El Estado de Derecho es la columna vertebral de toda democracia constitucional moderna… uno de los principales valores en que se basa la Unión… [y ] esta es también la razón por la que, de conformidad con el artículo 49 del TUE, el respeto del Estado de Derecho es un requisito imprescindible para la adhesión a la UE”.

La Comisión deja incluso abierta la posibilidad de que la propia UE intervenga cuando “los mecanismos establecidos a nivel nacional para proteger el Estado de Derecho dejen de funcionar de forma eficaz”.

El buen funcionamiento de los mercados, en general, y, con mayor razón, el de los mercados internacionales, donde las transacciones son normalmente más complejas e involucran sistemas legales diferenciados, depende en gran medida de que los partícipes tengan seguridad jurídica y puedan anticipar las consecuencias de sus actos. Aunque parezca una obviedad, conviene recordar que la inseguridad jurídica reduce la movilidad de bienes y servicios, personas y capitales, como la incertidumbre originada por el Brexit ilustra perfectamente. Pues bien, los dos pilares que aportan seguridad jurídica al MUE son, primero, las normas comunes a las que deben ajustarse las leyes de cada Estado, y, segundo, el TJUE, que vela porque se interpreten de manera homogénea y se apliquen en todos los Estados miembros.

Hay varias iniciativas estrictamente económicas que podría adoptar la UE para profundizar el Mercado Único y reforzar la seguridad jurídica. Primera, convendría sustituir el actual régimen ‘transitorio’ del IVA por un régimen basado en el principio de origen y reformar el impuesto de sociedades para reforzar la competitividad de la UE frente a otros bloques económicos. Segunda, la UE debería desempeñar un papel más activo en la lucha contra el fraude en el impuesto sobre la renta de las personas y poner cerco a los paraísos fiscales siguiendo el ejemplo de Estados Unidos.

Los principales retos a que se enfrenta el MUE son el malestar causado por las disfunciones de las propias instituciones europeas y el renovado ímpetu del nacionalismo. En cuanto a las primeras, es un hecho constatado de que la UE resulta casi invisible para la mayoría de los ciudadanos que ni conocen a sus líderes ni se sienten concernidos por lo que acontece en las instituciones europeas, percibidas como un  derroche innecesario cuando no responsables de intromisiones indeseables. A ello coadyuva que las instituciones europeas reaccionen con excesiva parsimonia ante las crisis y su funcionamiento se vea lastrado por una excesiva burocratización y falta de transparencia. En concreto, me referí a las francamente mejorables respuestas del Consejo, la Comisión y el BCE a la última crisis financiera y a las dos recesiones que ha padecido la UE desde 2007.

En relación al auge del nacionalismo, hay que reconocer que el eslogan ‘América primero’ ha encontrado notable eco en varios Estados europeos donde han crecido partidos que cuestionan abiertamente el proceso de integración política, económica y monetaria y prometen seguir los pasos del RU. Existen, además, variantes regionales del nacionalismo identitario que anteponen el ‘derecho a decidir’ y la democracia ‘refrendaria’ al Estado de Derecho, rechazan la legitimidad de cualquier norma que no emane de sus instituciones de autogobierno, abogan por la libre confederación de los ‘pueblos’, y plantean reivindicaciones territoriales que afectan incluso a la integridad de Estados miembros. Las instituciones de la UE deberían dejar muy claro que tales aspiraciones resultan incompatibles con la pertenencia a la UE e incluso “actuar para proteger el Estado de Derecho como valor común de la Unión”.

El gran dilema político al que nos enfrentamos los europeos a comienzos del siglo XXI es decidir si nos conformamos con mantener la inestable confederación de naciones-estado actual, o si damos un paso más en el proceso de integración y nos dotamos de instituciones federales, como hicieron los representantes de trece Estados americanos reunidos en Filadelfia en 1787. Los actuales problemas de ‘gobernanza’ de la UE sólo se resolverán si disponemos de instituciones federales fuertes, capaces de responder con rapidez y contundencia a las crisis y dispuestas a defender nuestros valores e intereses en un mundo globalizado