El padre Custodio Ballester ha sido expedientado recientemente por la Generalitat de Cataluña, organismo que, así mismo, ha remitido sus afirmaciones a la Fiscalía. Resulta sorprendente que en un régimen supuestamente democrático se pueda sancionar a un sacerdote por expresar no ya su opinión personal, sino la doctrina de la Iglesia; y no en un foro público, sino en una homilía de la misa dominical en su parroquia.
Entendemos que esta actitud del gobierno regional de la Comunidad Autónoma Catalana es incompatible con derechos fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico recogidos en la vigente Constitución Española de 1978. Concretamente, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad religiosa.
Consideramos que la verdadera razón de esta inaceptable persecución hacia un sacerdote católico -que parece retrotraernos a épocas históricas felizmente superadas- es el hecho de que el padre Ballester se ha manifestado en diversas ocasiones en favor de la unidad de España, elemento básico del bien común, como constató en su momento la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Tampoco aquí se ha apartado un ápice de lo que debe esperarse de un sacerdote católico. Así mismo ha denunciado, como muchos otros ciudadanos catalanes, el irresponsable e ilegal proceso de secesión promovido por los actuales ocupantes del gobierno regional.
Lamentablemente, los actuales inquilinos de la Generalitat han demostrado que sólo están dispuestos a reconocer los derechos de sus secuaces ideológicos, mientras el resto de los catalanes pasan a ser ciudadanos de segunda, a los que se puede acosar impunemente por manifestar su discrepancia con los promotores de un golpe de Estado. Desde esta perspectiva, el caso Custodio Ballester resulta paradigmático de lo que pueden esperar los catalanes leales a España si el actual proceso golpista culminara en una secesión efectiva.
El Movimiento Cívico d’Espanya i Catalans anuncia que prestará todo su apoyo al padre Ballester y a todos los catalanes represaliados por ser leales a la Constitución y a España. Denuncia la inspiración totalitaria de los actuales responsables políticos de la autonomía catalana. Por último, hace un llamamiento a las máximas autoridades del Estado para que intervengan a fin de evitar que los derechos constitucionales de los catalanes continúen siendo pisoteados por un gobierno autonómico que se regodea en el desprecio a la legalidad vigente.
En Barcelona, a 6 de julio de 2017