Algo no acaba de funcionar como debería. O, al menos, eso parece.
Volvemos a dar una imagen distorsionada al mundo de lo que es la razón y la cordura, por no apelar al sentido común, cuando se está juzgando algo vinculado con la paranoia secesionista.
Realmente se trata de un suma y sigue preocupante, que nos pone en alerta ante las vicisitudes y los dictámenes que estamos ansiosos por conocer, esperanzados en que acabe durante décadas entre rejas toda esa chusma golpista que propició la fractura social que vivimos y viviremos durante varias generaciones los catalanes.
Pero esto ya tocará comentarlo más adelante sí, como aparenta, llega a aflorar con efectividad el término “indulto” de la mano del renovado Gobierno afín recientemente victorioso. Una palabra corta, no muy común en el día a día de las conversaciones pero, hoy por hoy, con un peso incalculable por la sensibilización que supone en las conciencias de muchos españoles que se han sentido humillados y vilipendiados por la conducta fascista de unos líderes separatistas, imponiendo su criterio, su legalidad inconstitucional y, en definitiva, su realidad paralela.
Dudo que el Gobierno sea capaz de contradecir al poder judicial para librar a sus amigotes de una merecida condena que esperemos sea proporcional al daño generado. Pero, en caso de atreverse, puede ser algo inolvidable. Un capítulo negro para la memoria histórica del siglo XXI.
Mientras podamos, confiemos en que el fallo judicial propicie un empadronamiento hasta la senectud, en algún complejo penitenciario, de todos esos “mártires”. Sin que haya posibilidad alguna para que se filtre, por alguna rendija interesada del ego o ansia de poder, la posibilidad de poner en práctica ese olvido o perdón.
Centrándome en la idea originaria de este escrito, que no es otra que cuestionar las dificultades para tomar una decisión acerca de si compete o no que un fugado de la Justicia pueda presentarse en una lista electoral, debo decir que, a no ser que haya estrategia haciéndolo venir a Madrid a por su acta para acabar el día en alguna cárcel mesetaria, me deja perplejo que se cuestione la posibilidad de que un huido de la Justicia, que vive al margen de nuestra legalidad escondido en su palacete de Warterloo, moviendo los hilos de sus marionetas de la Generalitat, pueda realmente tener ese derecho. Y, como una patata caliente, veamos pasarse la decisión de unos a otros para evitar quemarse.
Me asombra que podamos ser tan permisivos y que, incluso, nuestro ordenamiento pueda facultar a un fugado como representante electoral de una determinada formación política. Y lo peor es que casi estoy seguro de que decidirán habilitándolo para ello, ya veréis. Otro lastre para pensar mal al valorar la independencia judicial, partiendo de la base de la indudable sumisión y amiguismo del Gobierno ganador hacia dicha escoria.
Si la legislación diese luz verde a esa posibilidad de presentarse, a no ser que haya un plan oculto que pretenda encerrarlo, realmente estamos tardando en meter mano a la misma y corregir todos los errores.
Más chocante que postularse en una lista de un partido, estando fuera de la ley, es el hecho de que se le permita. Creo yo…
Javier Megino