Las páginas de la Historia son testimonio de lo que ha realizado el hombre desde que empezó su andadura en aquellos lejanos tiempos del pasado remoto. En ellas están acuñadas hazañas y grandes horrores, concordia y guerras, muestras de generosidad y ambiciones, todo cabe en este extenso relato. El repasar y valorar lo acontecido nos permite sacar esquemas de conducta de todo tipo, unos para no caer de nuevo en esos grandes desastres y otros por el contrario para tomar ejemplo, mejorar en aras de la convivencia.

Estamos en el inicio de una nueva legislatura después de meses de interinidad y con unos acuerdos para llegar a ella nada tranquilizadores. La democracia parlamentaria se fundamenta en la alternancia en el poder y en un marco legal, la Constitución. Y en esta ocasión, el futuro candidato, hoy ya presidente, ha seguido caminos y atajos tortuosos. Sus compañeros de ruta no son los acordes con la premisa de la que hemos partido, están para desencadenar el derribo del sistema. No importa saber la causa que le ha llevado a apostar por esa alternativa tan peligrosa para la ciudadanía, lo que prima está en los programas de los compañeros de viaje, no aceptar a España como nación o colocarla entre los países en los que impera el comunismo.

Pocos son los días en los que el ejecutivo está saboreando la conquista del poder pero los gestos ya son preocupantes. Nombramientos discutibles y cambios en las formas que predicen la asfixia de la independencia de los tres poderes. Complemento a lo dicho son algunas medidas que ha prometido el señor Sánchez con música electoralista, contrarias a las alertas de la Comunidad Europea y a las necesidades económicas actuales. Los disparates abarcan un amplio abanico de hechos, palabrería y proyectos a largo plazo, la apuesta de estar en la Moncloa. Todo es motivo de comentario, pero lo que más ha suscitado una réplica es la oratoria de la ministra Celaá, una oratoria con la que ha sentenciado que “ los hijos no son de los padres ” de lo que se deduce cuestionarles a la hora de elegir la educación para sus hijos en materias extraescolares, ajenas al curriculum. Sentencia recogida en la Declaración Universal de Derechos Humanos ( artículo 26 ) y en la Constitución Española de 1978 ( artículo 27 ).

Una ministra, que usó su iniciativa personal al elegir un centro católico y de élite para sus hijas, no puede usar el lenguaje con esa frivolidad. La polémica la sirvió en bandeja y desde ese momento, ha ofrecido muchas aclaraciones, cortina de humo, mientras en paralelo se plantean y se desarrollan iniciativas que dañarán la estabilidad del país si llegan a ponerse en práctica. El partido del gobierno dispone del porcentaje de votos necesarios para conseguir aprobar lo que convenga a sus socios. Un ejemplo claro está en la pretendida reforma del Código Penal, capaz de desequilibrar el sistema parlamentario si va dirigida con la intención de minimizar la sentencia dictada a los secesionistas, aunque se tenga la osadía de revestir las decisiones de gran calado con efectos feminoides y de cambio climático. Así se desarrolló la primera rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, tres mujeres y un escaso interés en propuestas firmes para sortear la posible crisis institucional.

El Gobierno “ único adalid “ de causas sociales, de honradez y todo aquello que se le ocurra para suplir la ausencia de ideología, adecuada al siglo XXI, en estos momentos se postula como el gran defensor de los derechos de las mujeres cuando en España ya llevamos años en esta senda. No fue el partido socialista el que dio a la mujer el derecho al voto en el siglo pasado , ni el que a partir de la transición de régimen, nombró la primera mujer presidenta del Congreso de los Diputados y así diríamos otros tantos ejemplos. Por cierto, después de negarse la Real Academia a adaptar la Constitución al lenguaje inclusivo, ahora el ejecutivo se ha propuesto eliminar del nombre de la Cámara de la soberanía nacional el término -Diputados- por dañar, según el progresista gobierno socialista-comunista, el lenguaje de la calle.

El señor Sánchez, el señor Pablo iglesias y toda la retahíla de nacionalistas de izquierda y de derecha están en la deriva de saltarse la ley, de no someterse a su cumplimiento o de cambiarla para ajustarla a sus intereses, lo que nos empuja a exigir responsabilidades a los partidos de la oposición y sobre todo a los miembros del poder judicial. Los diputados están obligados a emplear todos los resortes que el sistema les proporciona para unir esfuerzos en defensa de los valores democráticos y dejar a un lado los reclamos partidistas. Por su parte los jueces y letrados deben mantener su independencia, no someterse al poder político.

Se ha permitido que poco a poco se vayan negando principios fundamentales, principios imprescindibles para poder afirmar que lo que rige en España es un sistema democrático. Uno de ellos es poder escolarizar, recibir información y otros servicios en la lengua oficial del Estado y también común entre todos los españoles. Estas cesiones fueron seguidas por otras muchas hasta ir mermando la libertad y los derechos de las personas.

Se requiere decir “ ¡ basta ¡ “, levantarse del sofá, tomar protagonismo y exigir la aplicación de la ley al que no la cumpla, sea quién sea. No podemos retroceder si deseamos un futuro mejor y para conseguirlo repasemos los datos equiparables que nos proporciona el pasado. Por encima de la ley no está la política. Nada de consensos y diálogo con los que no respetan el marco legal. No permitamos que nos engañen, que nos crean domables ante sus decisiones cargadas de trampas. Se parapetan detrás de la palabra Democracia, pero en realidad la están subvirtiendo.

Ana María Torrijos