La política catalana dedica poco tiempo a las cosas serias, sensatas y que afectan directamente en la calidad de vida de las personas. El procés eclipsa cualquier aproximación a debates como el empleo, la sanidad, la educación, la creación de empresas, la gestión migratoria o la seguridad ciudadana. No sólo eso, en circunstancias tan terriblemente dolorosas como el atentado de Las Ramblas o la pandemia del COVID-19, el separatismo supremacista ha tratado de responsabilizar a España de lo sucedido. Algunos de sus referentes han llegado a sustituir sin escrúpulos el clásico “España nos roba” por el “España nos mata”. Esta es la miseria moral a la que nos enfrentamos.

Es evidente que los nacionalistas han tratado de ocultar la inmensa corrupción institucionalizada izando “esteladas” y lacitos amarillos. Como ya hicieron en su momento con el caso de corrupción de Banca Catalana, han extendido una cortina de humo tan extraordinariamente potente que todo el debate político gira entorno a las aventuras y desventuras de golpistas, presos, manifestantes y quemacontenedores con barretina.

Eso sí, nada de lo que pretendían se ha hecho realidad. Querían romper España en dos y sólo han conseguido romper a la propia Cataluña. Han roto familias y amistades, han enfrentado a consumidores con empresas, han expulsado de facto a las principales empresas catalanas, sus líderes están todos en prisión y hasta se han roto políticamente a ellos mismos. Se han canibalizado entre ellos mismos, destruyendo a Convergència Democrática y Unió Democràtica, y ahora están haciendo lo mismo con las cenizas del PdeCat y JxCat. Querían descuartizar a la nación más antigua de Europa y sólo se están desintegrando ellos.

Sólo han conseguido generar miedo, pobreza, tensión social innecesaria y dolor. Lo más curioso, y seguramente lo más interesante para futuros estudios psiquiátricos, es que siguen pidiendo indultos mientras recuerdan que “lo volverán a hacer”. Por eso, a la larga, dada la crónica falta de lealtad institucional del nacionalismo, la única solución pasa por volver a activa el 155 de la Constitución Española, esta vez de manera indefinida y completa. A grandes males, grandes remedios…

Antonio Gallego Burgos – Economista