La palabra pluralismo se define como el respeto a las diferencias entre todas las personas y no a su uniformización. Llama la atención la postura de la Generalidad de Cataluña, de cómo hace tabla rasa respecto a la diversidad lingüística de esta comunidad, donde los derechos de los hablantes de lengua materna española son absolutamente ignorados e ilegalizados. Su Estatuto les dio cancha para aprobar un Decreto de Normalización Lingüística, que tiene mucho de norma y poco de normal, en pleno siglo XXI.
Pero está claro, que cuando se trata de declararse plural, lo hace sin ningún rubor, eso sí, con los de fuera, haciendo gala de ese buenismo, que no es sinónimo de albergar buenas intenciones, sino de parecerlo, que es lo que realmente importa. En esto nuestros políticos actuales son expertos.
Esta es la razón por la que en el nombre de la pluralidad lingüística en Cataluña, que es como ellos denominan a la imposición monolingüe que llevamos años padeciendo, han informado de su negativa a la exigencia de los tribunales de impartir una asignatura al menos en el idioma del Estado, es decir en castellano, que es por cierto la lengua materna con más hablantes en esta comunidad.
Eso sí, ha accedido a ampliar a más centros el plan piloto para impartir la asignatura de religión islámica, alegando que «hay que respetar el derecho de las familias» a que sus hijos reciban formación religiosa y moral acorde con sus convicciones, pero en catalán, eso sí. No es que no sea legítimo enseñar religión islámica en la escuela, sino que también habría de serlo impartir religión cristiana, que es la nuestra. De igual modo debería contemplarse el derecho de las familias de los niños hispanohablantes de España, de América, o de cualquier lugar del mundo cuya lengua materna sea el español, a elegir ésta como lengua vehicular en la enseñanza. Así como también garantizar que cualquier extranjero pueda elegir, también con libertad la opción lingüística que prefiera: catalán o castellano. Sin abstrusas imposiciones para nadie.
No sólo se trata de un derecho humano fundamental, junto con el respeto a las religiones, sino que es además la lengua cooficial en nuestra comunidad bilingüe, cuyo Gobierno aplica con una destreza admirable la ley del embudo en la defensa de todo lo que represente nuestra unidad, nuestra cultura, nuestra religión y nuestra lengua común. Y todo en nombre de la pluralidad, dándole un posmoderno barniz de corrección política, que ya empieza a perder lustre.
María José Ibáñez
