El conflicto social que vivimos en Barcelona, junto a otras muchas localidades catalanas y del resto del país, nos está afectando a todos de un modo u otro. El descontrol, asombrosamente incitado desde sectores políticos en el perímetro de poder, tiene réplicas en muchos puntos de España, pero nadie duda de la singularidad y repercusión de lo que acontece en la Ciudad Condal.
Lo indigerible de la situación es la percepción de que se está reprimiendo a los violentos de un modo estratégico, evitando que se vean salpicadas las negociaciones para formar un Gobierno en la comunidad autónoma. Algo que supone dar coba a los que destrozan la ciudad, mientras se admite poner en riesgo las vidas de mossos y guardias urbanos, a los que se les ha pretendido quemar en sus furgonetas.
Esta anómala situación es el fruto de unos gobiernos, aquí y a nivel nacional, que dan pena en su gestión y que no ejercen con contundencia la defensa del orden y la ley. Con su comportamiento connivente con los de los Molotov desilusionan a la ya muy afectada ciudadanía, que lo está pasando mal en muchos aspectos y se ve inmersa en un escenario bélico, desmotivan a los cuerpos y fuerzas de seguridad, que actúan como figurantes supeditados a las necesidades e intereses políticos y, por encima de todo, dan alas a los insurrectos, violentos y antisistema que, apretando, ven que todo es posible.
La convocatoria del 14F ha salido rematadamente mal y, para colmo, estamos en un novedoso planteamiento en el que se incita a la CUP para formar parte del lote de los que gobiernen este símil de dictadura de la estelada. Estando encima de la mesa la posibilidad de que, para lograr su apoyo, se les brinde el control de la policía autonómica, algo así como que el sistema esté policialmente controlado por los padrinos del antisistema.
El preocupante escenario de llegada está en manos de los que no somos de esa sectaria cuarta parte del censo electoral que sigue inmerso en sus tejemanejes. Al menos tenemos claro que tarde o temprano volverán a liarla, más sabiendo que los costes por la insurrección son ínfimos, por lo que nos toca confiar en la defensa constitucional de España desde los mandos de Moncloa y Galapagar (miedo me da).
Javier Megino
Vicepresidente de Espanya i Catalans