Convivencia Cívica Catalana (entidad adherida a Cataluña Suma por España) tal y como ha anunciado esta mañana ha interpuesto una denuncia ante el Juzgado de Guardia de Barcelona contra todos los consejeros del Gobierno de la Generalitat por asumir ilegalmente el pago de las cantidades exigidas por el Tribunal de Cuentas, lo que a juicio de la organización constituye malversación de caudales públicos y prevaricación.

Finalmente se ha confirmado este mediodía que la Generalitat va a asumir con dinero público el coste de las fianzas de los encausados por el Tribunal de Cuentas.

Convivencia Cívica Catalana considera que dichos gastos no pueden ser asumidos de ninguna manera por la Generalitat, toda vez que se está acusando a los encausados de desviar ilegalmente dinero público para fines que no son los previstos, hecho éste que manifiestamente antijurídico. La garantía de indemnidad de los funcionarios públicos no puede amparar conductas manifiestamente ilegales de éstos, ni la administración puede asumir el coste de la defensa o las fianzas de funcionarios que han actuado de forma
manifiestamente ilegal.

Convivencia Cívica Catalana entiende que destinar dinero público a defender a funcionarios o políticos que han cometido ilegalidades manifiestas constituye un supuesto claro de prevaricación y malversación de caudales públicos. Por ello ha interpuesto la correspondiente denuncia ante los Juzgados de Guardia e instará el correspondiente procedimiento ante el Tribunal de Cuentas una vez se confirme que el dinero ha sido depositado en dicho tribunal.

En palabras del presidente de Convivencia Cívica, Ángel Escolano “no se puede permitir que se destine un solo euro de dinero público a los gastos de defensa de quienes han malversado dinero público, y mucho menos se haya con la naturalidad que estamos viendo; ¿Alguien se imagina al Gobierno de España asumiendo los gastos de defensa de Roldán? ¿A la Comunidad de Madrid asumiendo los gastos de defensa de los imputados en la Púnica? La Generalitat es una administración pública que sirve a todos los ciudadanos, no un instrumento de los independentistas que pueden utilizar para todo, incluso para pagar los costes de sus ilegalidades. Sorprende que alguien vea como normal pagar las responsabilidades por actos ilegales de alguien con dinero público”.