¿Lo bueno o lo malo?, una pregunta innecesaria, nadie se decantaría por la última opción, sea coger una tea incandescente sin protección en la mano, sea cruzar la calle ante un coche en marcha y menos aún lanzarse en caída libre por un barranco, graves consecuencias ocasionarían tales decisiones. Como la mayoría optaría por no arriesgarse, nos planteamos a qué interés oculto son debidas las decisiones políticas del señor Sánchez, decisiones tan contrarias a la propia Constitución, pues los compañeros de viaje en el ejecutivo y los apoyos parlamentarios apuestan por dinamitarla. La estabilidad imprescindible en cualquier legislatura se está horadando minuto a minuto por intereses ajenos al bien público, sólo prima “la carrera” personal de cada uno de “los estadistas/estadistos” para entrar mejor en su honda lingüística.

Si fue nefasto delegar las competencias de la educación a las Comunidades Autónomas por las consecuencias sobrevenidas, la rotura de la unidad lingüística entre todos los españoles y la violación de los derechos del niño y del adolescente a ser educados en su lengua materna, la lengua oficial del Estado, artículo 3 del título preliminar de la Carta Magna; igual o peor, según se mire, es que los que clamaban por la cooficialidad de la otra lengua hablada por una parte de los ciudadanos, en este caso los catalanohablantes, ahora quieren imponerla a los que no la tienen como habitual, privándoles del uso de la suya. Esta incoherencia se agrava cuando su agenda contempla trasladar el proceso a otras comunidades fuera de su ámbito territorial y no hay reacción por parte de las instituciones. Mientras en el extranjero el español es aceptado como primera lengua foránea , aquí lo estamos marginando por intereses pardillos que llenan los bolsillos de algunos en detrimento del currículum de los estudiantes o sea de los ciudadanos en general. Una mentalidad imperialista es la que les motiva, pues la lengua es un simple instrumento con el único fin de conseguir poder político y sobre todo económico. Se ha permitido adulterar la Historia y tolerar que en las clases se vaya inoculando el rechazo a España, claro está sin intervenir la Alta Inspección, dosificando el veneno para que los futuros ciudadanos se enfrenten a su pasado o simplemente lo ignoren. Un pueblo sin raíces, sin referencias culturales para conocer lo que fueron sus predecesores, para trazar lo que serán ellos en el presente y ayudar a los del futuro, es un pueblo en decadencia, un pueblo muerto.

Ahora sobre el Gobierno se proyecta en su contra la sentencia del Tribunal Constitucional, que señala también fuera de la ley la decisión del segundo estado de alarma impuesto por Pedro Sánchez durante los momentos sanitarios más difíciles. Debemos plantearnos con mucha seriedad la validez de los Decretos de Ley emitidos durante ese periodo por los distintos ministerios sin el control parlamentario. Algunos de ellos de gran repercusión en el ritmo social.

Los votos necesarios para gobernar, conseguidos de fuerzas políticas que asisten a manifestaciones proetarras, individuos que asesinaban por sus propuestas independentistas, son indignos y, si tuviéramos un mínimo de ética, no consentiríamos un ejecutivo con ese apoyo político.

Sin nivel educativo, sin asentamiento industrial, sin producción energética, con un mundo rural abandonado, una disposición sanitaria en declive, con una inmigración descontrolada, la propiedad privada en riesgo y un índice de paro alarmante…es inconcebible que no rechacemos el planteamiento, las consecuencias son caóticas.

A nivel internacional ya no somos considerados, zarandeados por Marruecos, por las ONG dedicadas al tráfico de personas, por algún que otro presidente hispanoamericano, por los grupos de presión comunistas lanzados a derribar testimonios históricos españoles. De pelea continua entre nosotros y el Gobierno ,de discordias internas, mediatizando a los medios y con la demagogia como instrumento de comunicación, está en espera de no se sabe qué: el transcurrir del periodo que le corresponde después del cierre de urnas y el posterior recuento de votos, el sumirse en un letargo sin saber el fin del trayecto o el adelanto de elecciones en el instante que lo vea favorable a sus pretensiones de seguir con sus paseos, rodeado de comparsas, ruedas de prensa diseñadas por quien paga, puesta a punto de peluquería y atuendo y frases huecas sin agenda de cumplimiento.

Si estamos necesitados de un Ejecutivo centrado únicamente en las necesidades de la sociedad, también se requiere una oposición seria, firme en sus proyectos, sin reparos en señalar todos los errores del equipo que nos capitanea y oponerse a cualquier medida que dañe la independencia del poder judicial. Todo y más, pero con un lenguaje y formas ajustadas, sin aspavientos y tonos histriónicos.

Hay que pedir la dimisión y a partir de ahí con seriedad y deseos de reformar lo que ha llevado a nuestro sistema democrático al deterioro, convocar elecciones. A ponerse un guante en la mano, a avanzar cuando el semáforo lo indique y a tirarse desde lo alto con paracaídas.

Ana María Torrijos