Todo lamento o crítica airada ante una acción impropia de un sistema político parlamentario liberal debe tener una explicación para encontrar la causa que ha originado tal respuesta emocional. Últimamente proliferan réplicas de ese estilo y es conveniente valorarlas, lo que nos obliga a repasar todo lo que desde el Ejecutivo se ha gestionado sin olvidar lo tratado en el Congreso y las decisiones judiciales.

Estos tres poderes son la clave del funcionamiento del Estado de Derecho, siempre que cada uno se ajuste a las competencias que la Constitución le designa.

El Gobierno no mantiene el equilibrio necesario para ejecutar con la mayor exactitud posible lo que le corresponde. Son dos fuerzas, el PSOE y Podemos enfrentadas, por lo menos cara a la opinión pública, las que dirigen el país en una etapa compleja que requiere compromiso con los ciudadanos y con España. Unos funcionarios públicos, que lo son mientras asuman el cargo que se les ha dado, no pueden redactar o votar leyes contrarias a las pautas establecidas en el marco de libertades y menos aún que torpedeen de lleno la integridad de la Nación a la que representan.

La cantidad de decretos ley dictados sin cumplir los trámites previstos en la Carta Magna, sin la intervención de la Cámara Baja, es una irregularidad flagrante que ha marcado estos años de legislatura del señor Sánchez, un afán en roer la estructura institucional y fracturar el equilibrio de fuerzas que avala la estabilidad. Le ha dominado un constante interés en controlar organismos del Estado que requieren independencia en su funcionamiento y ahora está a la búsqueda del Tribunal Constitucional y si a la primera no ha podido, lo intentará de nuevo con otro asalto a la ley. Viajes fuera y dentro de nuestro país con el fin de vender su imagen de buen demócrata, que nos recuerdan los que hizo para conseguir el liderazgo en el partido socialista.

La relevancia de un cargo público sea un diputado o concejal, que es muy importante, tropieza con la simplicidad de lo que hay en las bancadas de los Consistorios y del Congreso . La dinámica interna de los partidos políticos no debe facilitar el ascenso de los no preparados en su formación profesional y en su calidad humana, no a los aduladores y sí a los que por su valía puedan hacer sombra a los ya posicionados. Simplificando, debe primar la sensatez interna en elegir a los mejores en los muchos puestos de los escalafones de dirección. Estar en política se ha convertido en una maratón que se prolonga con el paso de los años, un sueldo fijo y este malsano procedimiento debe desaparecer para que las fuerzas políticas den ejemplo de democracia.

El poder legislativo no goza de la ejemplaridad ética debida en las votaciones de gran calado, está sometido a lo que diga la dirección de cada una de las fuerzas allí presentes, no hay libertad de conciencia, prima bajar la cabeza, las listas de las próximas elecciones son atractivas. La judicatura, desde la reforma que se introdujo en 1980 por el gobierno socialista de Felipe González para elegir los vocales del Consejo General del Poder Judicial, sufre la politización que coarta su independencia. Las presiones desde el Ejecutivo pueden desembocar en corrupción.

Ante este grave desajuste los ciudadanos han de comprender que ellos han colaborado en la crisis actual, pues en sus manos estaba y está el implicarse en la defensa de la ley con el voto, con consultar variada información, con replicar en los espacios sociales, sean personales o laborales, cuando se alteran las normas legales pautadas.

Si enarbolamos este convencimiento, nada está perdido, podremos ser catalogados de personas maduras capaces de parar la quiebra que nos tienen preparada. El año nuevo que está a la vista tiene que representar un revulsivo para descartar a los políticos apoltronados en cargos y que adulteran sus obligaciones con un fraude de ley o con la malversación.

No caben posicionamientos ideológicos, ahora es necesario ir a por la defensa de la legalidad y de la libertad que está en peligro por el uso adulterado de la soberanía. Ésta recae en nosotros. Los diputados son únicamente representantes, mejor o peor elegidos para ir en listas bajo unas siglas, pero eso no les capacita para destruir nuestro presente y futuro en aras de un líder autocrático, una ideología al servicio del totalitarismo radical y sobre todo con un plan trazado de odio contra España.

Ana María Torrijos