Ya he comentado en varias ocasiones el peligro que se cierne a la vuelta de la esquina, ante la próxima convocatoria a urnas para volver a elegir a nuestros representantes municipales.

En la cita del próximo mes de mayo las localidades catalanas tienen por delante una nueva opción. Esa que debe permitir que aflore la realidad social que supone la existencia de una mayoría de catalanes contrarios a una nueva versión del “proceso a la miseria” que ya se intentó en 2017.

En este sentido, no conviene olvidar que, aunque la semilla del mal se germinó en el Parlamento autonómico dominado por la mayoría supremacista de los que viven en “su mundo”, no se puede obviar la complicidad de los mandatarios locales al canalizar directrices. La implicación directa de los poseedores de las varas municipales, en su apuesta por medidas contrarias a la legalidad constitucional, no puede ni debe pasar desapercibida.

Al valorar resultados hemos de tener presente la representatividad de la Ciudad Condal como reflejo de opinión en Cataluña. Es la población hacia la que se dirigen las miradas. Por eso es tan importante el reparto de representantes en su consistorio, esperando que sea acorde a la realidad social que diferencia a los que apuestan por la legalidad constitucional y los que apoyan la delirante paranoia separatista.

En este contexto, conociendo el perfil mayoritario de los barceloneses, es doloroso ver el reparto de ediles y su adscripción a cada uno de ambos bloques. La adjudicación real suele penalizar excesivamente la existencia de concejales asociados a posturas contrarias a los criterios separatistas, siendo dos las principales causas de esa circunstancia.

Por un lado, la interpretación desacertada que supone el considerar al PSC como el estandarte del constitucionalismo en Barcelona, conociendo los pormenores de sus actuaciones y el trato de favor que tiene con sus socios contrarios a la Constitución. Unos colaboradores que le sirven de muleta en el Gobierno de España y que, en numerosas poblaciones catalanas, tienen a los socialistas como tontos útiles para dotar de poder municipal a sus amigos separatistas. Barcelona puede ser una de ellas, ante la posibilidad de repetir aquí la coalición que domina el Congreso de los Diputados, sumando a los ediles del PSC otros partidos nacionalistas como son los representantes del comunismo de Colau y los republicanos de ERC.

La falsa idea de utilidad del voto, al apoyar a ese partido engañifa, es una de las dos grandes paradojas. Pero el segundo de los factores es, si cabe, todavía más importante, en referencia a la elevada desagregación del voto que apuesta por la defensa de los valores constitucionales. Una tendencia que, incluso, acumula nuevos contendientes en lugar de concentrar y sumar sinérgicamente esfuerzos. Este año el abanico de partidos se ha ampliado, potenciando y anteponiendo el enfoque partidista. Es ridículo que no se mire más allá del respectivo ombligo, viviendo en un contexto altamente viciado por el influjo separatista en las tomas de decisión.

Para todas nuestras candidaturas el filtro del 5%, porcentaje mínimo para tener representación municipal, puede ser fatídico. Según las encuestas hay grandes dudas y puede hacer estragos, dejando al constitucionalismo social mínimamente representado, a pesar de su relevancia social incuestionable.

Por eso, el elector debe enfrentarse a la difícil decisión de votar sin acabar de encontrar la coincidencia ideológica plena, buscando el que más se aproxime a sus convicciones y asegure la presencia en favor de los que apoyan la vigencia de nuestra Carta Magna. Lo importante es no faltar y votar el día de las elecciones municipales. Pero es muy preocupante que, en caso de producirse un reparto equivalente entre la media docena de candidatos reales que ha puesto el constitucionalismo como alternativa en Barcelona, podamos encontrarnos con unos porcentajes cercanos a la cifra umbral con el riesgo de que ninguno, o casi ninguno, alcance el requisito para tener voz en la sala de plenos.

Conviene elegir la papeleta que garantice presencia, evitando la nulidad de nuestra participación. La relevancia de los partidos, sus posturas y convicciones, el currículum e historia de sus candidatos, la frescura y oportunidades de su empuje, la fiabilidad en su trayectoria, etc. deben ponderarse con la mirada puesta en esa utilidad.

Los temas clave del perímetro constitucionalista, como son: la mejora de las condiciones de vida de los barceloneses, la reactivación de la economía, la facilidad para moverse por la ciudad, la paz social, el alivio en los impuestos a pagar, la seguridad ciudadana que tanto está afectando al futuro y porvenir de Barcelona, la necesaria ofensiva en contra de la ocupación, la desocupación inmediata de los que atentan contra la propiedad inmobiliaria privada, el respeto a nuestros símbolos e instituciones, el trato igualitario de las dos lenguas cooficiales, etc. han de ponerse en la balanza y elegir de modo garantista, sirviendo el voto para que resuene nuestra voz.

Ojalá la lógica del elector sume y apueste por una concentración que, de ninguna manera, debe otorgar al PSC la falsa condición de voto refugio del constitucionalismo. Algo que pretenden durante la campaña y no ejercen tras recontar los votos… como dicen: “que les vote Txapote”.

Hay, sin duda, mejores opciones para dar voz a lo que pensamos la mayoría, pensando en el futuro y olvidando los rencores interesados del pasado. Debemos valorar la degradación que vive nuestra ciudad y las tendencias electorales en Cataluña para que, con objetividad, seriedad y máximo provecho, se elija pensando siempre en lo mejor para Barcelona, poniéndola en orden y a la orden de su verdadera nación, España.

Javier Megino
Vicepresidente de Espanya i Catalans