La lacra de la ocupación ha identificado su punto caliente en la ciudad de Barcelona. Nuestra ciudad, la capital de la Sagrada Familia y el Parque Güell, destinos preferentes del turismo mundial, convive a diario con esta sinrazón que otorga derechos a los que delinquen entrando impunemente en propiedades ajenas, mientras el propietario de viviendas se siente desamparado y desprotegido.
Los políticos que lideran el consistorio de la capital catalana, condicionados por las políticas a nivel nacional que no proporcionan soluciones reales ni inmediatas, amparan este problema con su actitud poco represiva y connivente. Parece que, aunque sea con el escaso margen que tiene el gobierno municipal, el tema no importa.
Al pensar en ello no debemos perder de vista el currículum de la activista Colau y, por extensión, el de su muleta Collboni -el representante del sanchismo que le da cobertura-. Cuando se llega a ser alcaldesa con semejante trayectoria, parece impropio pensar que se opondrá a lo que hoy es uno -o el mayor- de los problemas que se viven en Barcelona.
Desde fuera, para el común de los mortales, no se activa de forma convincente ninguna acción solvente y válida en favor del derecho a la propiedad privada, mirando de refilón a la ocupación de propiedades privadas o de espacios que son de todos los contribuyentes. Incluso, para gran parte de la opinión pública, la dupla Colau-Collboni juega en el tablero con las mismas fichas que los que van embozados y con bengalas.
En un barrio emblemático de la ciudad, de los que disponen de una renta sensiblemente superior a la media, está teniendo lugar una de esas situaciones que caracterizan el día a día en nuestra ciudad. Este circo da continuidad a aquel momento en el que las calles incendiadas, las barricadas y toda la escenografía que el separatismo quiso montar tras su ridículo mundial y sus consecuencias, notició a la Ciudad Condal como el punto de mayor tensión y degradación de la convivencia. Al menos sirvió para dejar evidencia de la innegable violencia que lleva implícito el fanatismo separatista y antisistema.
Ahora, con unas elecciones municipales a la vista, todos tienen soluciones y todos saben lo que hay que hacer. No cabe duda de que, al margen de la política y sus promesas volátiles, la población puede sentirse utilizada, consciente de que la preocupación real de los políticos por este asunto se acota al periodo electoral. Sí, tras años y legislaturas estamos como estamos, no podemos pensar que vayan a encontrar, los de siempre, una solución mágica que ponga orden a toda esta pesadilla.
Debe priorizarse la seguridad en las calles, en nuestros domicilios y en nuestras propiedades, actuando contra tanta anomalía incívica que hoy se identifica con Barcelona. La convivencia social requiere orden en las calles y tranquilidad para los propietarios. Sigamos el ejemplo de nuestros países vecinos, capaces en un día o dos de solventar estas situaciones con la ley y el derecho a la propiedad como principal argumento.
Empecemos la casa por los cimientos, apostando por los que tienen el valor de mirar a este problema de frente y con garantías. El pasado es pasado y el futuro es nuestra esperanza.
Borja Dacalan