El periodo destinado a la campaña electoral cara a las elecciones del 23 de julio está a su fin, mítines, entrevistas radiofónicas, anuncios publicitarios, paneles en las calles, folletos propagandísticos en los buzones y debates en televisión. El que congregó mayor audiencia y expectación fue el de los dos líderes, Pedro Sánchez y Alberto N. Feijóo, con un rotundo éxito de éste último, encuentro muy marcado por la injerencia política de la cadena televisiva.
También son conocidos los alegatos empleados cada día por los representantes de las distintas fuerzas políticas, pero lo que está totalmente ausente o por lo menos no ha sido con firmeza expuesto por los candidatos, portavoces u otros medios, es el tema de la lengua, el español.
Una de las premisas de la democracia es el respeto de los derechos individuales encuadrados en la Constitución, y por cumplir un programa establecido o por dejadez, estos derechos se han desvanecido poco a poco, procedimiento sigiloso para conseguir algo que sorprenda en último lugar hasta a la misma víctima.
Ante la imposibilidad de usar un argumentario directo para torpedear la existencia de España que podría provocar un rechazo rápido y contundente, los nacionalistas que en el fondo les mueve el controlar, sin tener que competir con nadie, el erario público y los resortes del poder, forjaron una historia paralela de ultrajes a una supuesta nación catalana. Todo empezó a girar entorno a la lengua por no poder emplear otro mástil que les sustentase como en otra época la raza, la identidad y de ahí el deterioro del régimen político democrático.
Las garantías en una sociedad que se rige por la firmeza de la ley establecida, que ha apostado por la libertad y los derechos, no se pueden cercenar desde ningún poder sea dependiente del Ejecutivo nacional o de cualquier Comunidad autónoma. El estamento judicial debe actuar de inmediato sin interpretaciones por su parte pues esa no es su competencia, es simplemente e importante, aplicar la ley. Este enunciado tan simple lleva un tiempo largo sin ser considerado en el escenario que debería ser el ejemplo de la división de poderes, el escenario parlamentario liberal.
El castellano, la lengua oficial del Estado “Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla” es anulado en los lugares donde gobierna el nacionalismo. Esta situación ilegal viene produciéndose desde hace años sin respuesta del ejecutivo de la nación, abarcando todos los lugares oficiales, los medios de comunicación regentados con el dinero de todos, los letreros informativos en la vía pública, los comunicados a los ciudadanos y en especial la escuela.
La enseñanza es el centro neurálgico de una sociedad que se proyecta hacia un futuro digno de los valores: la libertad, la ley y la convivencia. En esta circunstancia tan anómala en la que los enemigos de todo ello están arrasando sin contemplaciones y sin ninguna réplica por parte de los órganos competentes, se requiere firmeza en admitir la ley emanada de la Carta Magna y hacerla cumplir. Los años transcurridos con esta anomalía han traído consecuencias muy negativas: ciudadanos de primera y de segunda categoría, niveles de aprendizaje muy bajos en los alumnos que se les impide tener como medio vehicular su lengua materna, el español, también dificultades en el tránsito a lo largo del territorio nacional y otras muchas anomalías.
Los avances en el campo psicológico y educativo nos indican la importancia que tiene la armonía entre la lengua familiar y la empleada en la aulas, y además algo importante, que el idioma oficial del Estado es el español. Todos los ciudadanos tienen los mismos derechos no importa en el lugar donde vivan, tienen el derecho de tenerlo como medio de aprendizaje en todos los lugares del territorio, como ocurre en los países de nuestro modelo de gobernabilidad. Un punto clave al que se agarraron los secesionistas desde el inicio del periodo constituyente, fue forzar el empleo del término Castellano en lugar de Español. De ahí ha ido desarrollándose la estrategia aniquiladora de la soberanía de todos los ciudadanos y el inicio de un proyecto montado sobre el afán de dominio crematístico y de mando.
Los “charnegos”, los que fueron tratados miserablemente por los separatistas en el poder, han de reaccionar y saber lo que se juegan, han de exigir como ciudadanos de pleno derecho la libertad de elección de lengua en todos los tramos de la enseñanza, y los motivos pueden ser varios: el facilitar el aprendizaje a los alumnos con dificultades para la comprensión pues un solo vehículo lingüístico mejora los resultados académicos, ampliar el dominio semántico en todos los ordenes de la ciencia y de las humanidades, el conseguir un lenguaje con calidad en una de las lenguas más habladas a nivel internacional y ante todo el derecho individual de estudiar en el idioma oficial del Estado.
El reclamo electoral es importantísimo para afirmar que la soberanía está en el pueblo, en cada uno de sus miembros.
Ana María Torrijos