Hoy en España tenemos una deuda superior al 120% del PIB mientras que nuestras administraciones públicas están sobreinfladas y hay entidades que reciben subvenciones de dudoso beneficio social.

Europa siempre nos avisó que teníamos que reducir la administración pública y centralizar el país, pero los intereses del clientelismo político de los partidos, los españoles lo pagamos. Y no sólo lo pagamos directamente, sino que también perdemos inversiones.

En 1975, el 32% del PIB nacional era del sector industrial. Hoy representa un 11%, nos hemos convertido en un país de funcionarios. Pero la palabra funcionario está mal usada, hay que usar el de empleado público, para designar a los funcionarios de la Administración. Con un coste superior a 200 mil millones de euros, tenemos un sistema burocrático caro y perjudicial para la economía.

En España, entre las 17 autonomías y 2 ciudades autónomas más la duplicidad de las diputaciones, hay más de dos millones y medio de empleados públicos. Y la gran mayoría con afinidad e intereses políticos. Casos de clientelismo exacerbado como el catalán son un ejemplo de compra de voluntades a base del dinero del contribuyente con, salarios desproporcionados, mientras que pensiones sociales corren peligro y por no decir que los inversionistas salen huyendo.

Para que España fuera una nación eficiente habría que deshacerse de aproximadamente el 80% de esos cargos, y sustituirlos por servidores interconectados con alguna distribución de Linux. Despedir a los mediocres y contratar informáticos profesionalizados. Supondría un coste más bajo, los españoles pagarían menos y estaría todo optimizado. Cosa que no favorece a los partidos políticos.

Porque la Administración pública es un claro ejemplo de vagancia y mediocridad con “empleos” fijos. Y ese apunte informático es sólo para recordar que durante un mes 150.000 parados han estado sin cobrar su prestación por un “fallo informático” en el SEPE.

Pero gasto del dinero público no sólo se limita a las instituciones. El caso catalán es el más claro y evidente en la actualidad. Pero también con lobbys y ONG que no son más que“chiringuitos” sino que también perjudican a la sociedad española. Como el Ayuntamiento de Barcelona, que subvenciona el trafico de personas con el Open Arms o las pateras en Canarias, por no hablar de los lobbys que atentan directamente contra la antropología humana como los LGTBI o feministoides, los pro-aborto, los defensores de la eutanasia, o los pseudoecologistas.

Salarios de políticos, Falcon, coches oficiales, consejeros… también suponen un gasto importante en la economía nacional. Pero eso justamente no se va a recortar, sino que nos espera una gran subida de impuestos en servicios básicos.

Ya el gobierno del PSOE, ha enseñado la patita dejando entrever que quiere quitar hasta el IVA reducido pero, ¿a ellos qué más les da? Porque esos cargos públicos recibirán su abultado sueldo y presuntamente un extra sacado del cajón mientras que el pueblo paga.

Vivimos en una sociedad donde quien vive de lo publico, vive muy bien. Y no me refiero de los jubilados que en la pasada generación levantaron el país con sangre, sudor y lágrimas. Mientras que los actuales políticos les quieren exprimir la pensión.

Pero tranquilos, que sube el impuesto de matriculación, peajes en toda España, el impuesto de sucesiones, la cuota de autónomos, la declaración conjunta desaparece, la subida del IRPF o los billetes de avión y la luz, etc, etc. Pero no os preocupéis, aunque España está muy mal, Pedro Sánchez necesita su Falcon.

Mientras que se permita esto, poco nos pasa.

Víctor Milà