En un día como es “el de los enamorados”, parece lo más recomendable hacer una reflexión afecta al círculo de amor más intenso que vivimos hoy en España. Por ello, considero apropiado enfocar mi escrito hacia nuestro guapetón de Moncloa y su manada de féminas, sin que ello ningunee posibles congéneres del mismo sexo que también ansíen estar en la primera línea de proximidad con el macho alfa.

Todos ellos forman un curioso club de fans en el que el eje es el todopoderoso futuro instructor de vuelos privados. Una persona que, como desea, pasará a la posteridad con un sinigual mérito: compaginar el peor presidente que hayamos tenido con el que más baba genera entre sus lacayos y lacayas dependientes. No perdamos de vista esa imagen cotidiana en la que se le ve de paseo por los pasillos del Congreso rodeado de sus elegidas.

El contexto en el que se mueve la vida socio-política en estos últimos tiempos ha llegado a la denigrante sensación de ridículo mayúsculo. No puede catalogarse de otro modo al disponer, a diario, de toda la información que nos recuerda y apuntala la ineptitud que puede llegar a invadir algo que todos asociamos con importancia trascendente, como es el Gobierno de España.

La contabilización en los informativos de las consecuencias del fiasco que ha supuesto el intento de Doña Irene de Iglesias, en su inmersión en una faceta tan especializada como es la Judicatura, se convierte en una gota malaya que, indirectamente, obliga a la búsqueda urgente de una persona o cargo responsable para que aguante la losa de la presión mediática y los riesgos derivados por los daños ocasionados. No hablamos de posibles, sino que la chapuza legislativa de la que tratamos ya tiene un coste real. Tanto como supone la mejora en las penas de medio millar de violadores, agresores y pederastas o, incluso, la liberación de una cifra de delincuentes que ya debe superar el medio centenar.

En este sentido, jugando con la legalidad y las penas aplicables, no quiero pensar cómo deberemos reaccionar cuando quede demostrado lo previsible. Me refiero a la absurda decisión de eliminar del Código Penal la sedición y arreglar la malversación, algo que tendrá sus efectos y será aprovechado por el separatismo para una nueva intentona. Sabemos que, ante la nueva ola del lacismo que no tardará en materializarse, el Estado se verá desprotegido, fruto de la humillante actuación de la coalición en el poder. Un equipo de socialcomunistas que, además de liberar golpistas, ahora se dedican a poner en la calle agresores sexuales mientras alardean de feministas.

El ansia podemita por dejar sello en la política española antes de desaparecer no tiene límite. Llegan a arrogarse los logros del feminismo, como si todos los avances en dicha materia hubiesen surgido de la mansión de Galapagar donde vive la condesa, lo que deja todavía más clara la calaña de estos personajes recién llegados a la casta, que no valoran los esfuerzos y logros sociales en favor de la igualdad de sexos y que fueron previos a su iluminada presencia en la vida pública.

Pero no hay nada como tener el comodín de la intocabilidad, algo que lleva implícito el pacto entre comunistas y el sanchismo parasitario del socialismo español. En este sentido, todos sabemos que no puede caer la consorte del que ya no pasea su coleta. Su continuidad en el superpoblado Consejo de Ministros no puede cuestionarse, a no ser que el propio partido podemita al que pertenece sea el que plantee su recambio. Una situación del todo improbable en pleno momento efervescente de “liderazgas” en el comunismo.

Por tanto, ante la necesidad de encontrar otra persona que pague los platos rotos y sea la depositaria de los agravios que genera la aprobación de la ley del “solo Sí es Sí”, lo mejor es señalar a otra elegida, en este caso la persona que hoy encabeza la Justicia en España.

La ministra Llop tiene todos los números para ser la que al final pague la factura… y las consecuencias personales que derivan de tantas vidas destrozadas. Es evidente que ni la inventora ni el responsable máximo parece que estén dispuestos a asumir el destrozo social y los costes personales. Será la que lidera el Ministerio encargado de aplicar con rigor las leyes aprobadas la que cargue con toda la culpa. Que los jueces hagan su trabajo no cabe en esta situación de soberbia. El que esté mal definida la ley o que su aplicación aflore una vergonzante realidad, como sucede, es del todo secundario. No puede el paradigma del feminismo salir en los medios reconociendo su error y asumiendo los costes derivados. Y, en base a ello, parece que la culpable y pagafantas ya está decidida.

Pero no hay ningún problema, ministra LLop. Un posible futuro puesto en el Tribunal Constitucional, para ampliar el abanico de sumisos progresistas que aplaudan las directrices del Gobierno socialcomunista, siempre puede ser un destino agraciado tras ejercer de cabeza de turco y desviar en su contra la culpabilidad, exonerando interesadamente a los verdaderos causantes del desaguisado.

Javier Megino
Vicepresidente de Espanya i Catalans